De las calles a las instituciones: cómo leer la democracia surcoreana

Qué hizo salir a la gente a la calle

Las fotografías de la democracia surcoreana suelen mostrar multitudes: estudiantes que llenan una avenida, familias con velas, manifestantes con barras luminosas de conciertos. Las imágenes pueden hacer pensar en una sucesión de protestas que cambiaron presidentes. Las razones para reunirse eran más concretas. Una elección fue manipulada. Un estudiante murió durante un interrogatorio policial. Las autoridades ocultaron cómo había muerto. Un presidente envió tropas a la Asamblea Nacional. Esos actos explican las multitudes mejor que su tamaño por sí solo.

Los acontecimientos tampoco siguieron una única trayectoria. Pedir una elección limpia se convirtió en exigir la renuncia del presidente. La indignación universitaria llegó a los lugares de trabajo y a otras ciudades. Las demandas públicas se encontraron con votaciones parlamentarias y decisiones judiciales. La Revolución de Abril de 1960, Gwangju en 1980, el movimiento de junio de 1987, la destitución de 2016–2017 y la crisis de diciembre de 2024 muestran avances y retrocesos. Los lugares de Corea aparecen aquí como calles, salas parlamentarias, centros de interrogatorio y tribunales donde esa historia tomó forma.

1960: votos manipulados y un estudiante desaparecido

El 15 de marzo de 1960, Corea del Sur celebró elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Syngman Rhee y el Partido Liberal gobernante pretendían conservar el poder. La manipulación no consistía únicamente en cambiar cifras después del recuento. El Archivo Nacional describe instrucciones secretas para introducir papeletas en las urnas de antemano, hacer votar en grupos que permitían comprobar la elección y excluir a observadores de la oposición. Tener una papeleta no daba libertad si otra persona podía inspeccionar el nombre elegido. Sin observadores, también desaparecía una oportunidad de comprobar el recuento.

En Masan hubo protestas el día de las elecciones. La represión policial causó muertos y heridos; el estudiante Kim Ju-yeol desapareció. Su cadáver fue recuperado del mar el 11 de abril, con un proyectil de gas lacrimógeno incrustado en el ojo. La noticia vinculó el fraude con una muerte que necesitaba explicación. Junto a una nueva elección se exigieron respuestas sobre la violencia policial y sus responsables. El estudiante desaparecido se convirtió en el centro de otra movilización.

La indignación se extendió a las universidades de Seúl y otras ciudades. El 18 de abril, estudiantes de la Universidad de Corea fueron agredidos por grupos violentos políticos al regresar de una manifestación. La protesta había terminado, pero sus participantes no podían volver seguros. El problema ya no se limitaba a lo ocurrido dentro de los colegios electorales: concernía al trato que el gobierno daba a sus críticos.

Disparos el 19 de abril, anuncio de renuncia el 26

El 19 de abril, universitarios, alumnos de secundaria y otros habitantes participaron en protestas en Seúl. La policía disparó contra quienes se acercaban a Gyeongmudae, la residencia presidencial en el emplazamiento asociado después con la Casa Azul. También hubo protestas y disparos en otras ciudades. El gobierno declaró la ley marcial, pero las demandas de responsabilidad continuaron después de las muertes y lesiones. Una elección destinada a prolongar el régimen había erosionado su legitimidad.

El 25 de abril se sumaron profesores universitarios. Una declaración firmada por 258 profesores exigía responsabilidad por el fraude y la salida del gobierno; estudiantes y vecinos se unieron a su marcha. Sustituir a determinados funcionarios no satisfacía a una movilización que señalaba al propio presidente. Al día siguiente, Rhee anunció que renunciaría. La palabra «renuncia» nombra el resultado, pero no recoge lo necesario para alcanzarlo: seguir protestando después de disparos y detenciones.

La apertura política no quedó asegurada. El golpe militar del 16 de mayo de 1961 derrocó la Segunda República. Los ciudadanos habían obligado a salir a un presidente, sin impedir que los militares tomaran el poder al año siguiente. La Revolución de Abril dejó la experiencia de que la acción pública podía cambiar el poder, junto con una dificultad duradera: obtener derechos y mantener las instituciones que los protegen son tareas diferentes.

Gwangju, 1980: la violencia sale del campus

Durante la primavera de 1980 crecieron las demandas de democratización. El 17 de mayo se amplió la ley marcial de emergencia a todo el país. Al día siguiente, estudiantes se enfrentaron a tropas aerotransportadas ante la Universidad Nacional de Chonnam, en Gwangju, para protestar por la prohibición de entrar. La violencia no se quedó en las puertas del campus. Los habitantes vieron palizas y detenciones en las calles; más personas se unieron a las protestas.

El 20 de mayo participaron taxis, autobuses y otros vehículos. Personas cuyo trabajo cotidiano las llevaba por la ciudad pasaron a ser participantes, junto con los estudiantes. Geumnam-ro y el espacio ante el gobierno provincial se convirtieron en puntos de reunión. El 21, las tropas abrieron fuego de forma colectiva ante ese edificio; posteriormente los ciudadanos se armaron. Una imagen aislada de civiles armados omitiría la secuencia previa de violencia militar y disparos.

Tras la retirada de las tropas del centro, ciudadanos y estudiantes se organizaron alrededor del edificio provincial. Atendieron a heridos, distribuyeron comida y buscaron negociar la liberación de detenidos y una salida. No coincidían en todas las decisiones: algunos defendían entregar las armas y negociar; otros, seguir resistiendo. La ayuda mutua incluía decisiones difíciles sobre cómo salvar vidas y evitar nuevos daños.

Antes del amanecer del 27 de mayo, las tropas entraron en el edificio provincial y otras posiciones principales y sofocaron la resistencia. Las familias aún tenían que localizar a sus parientes muertos, heridos o desaparecidos. Los supervivientes afrontaron detenciones, interrogatorios, estigmatización y presiones para callar. Conservar documentos y esclarecer lo ocurrido llevó años, porque la violencia estatal, sus víctimas y las responsabilidades necesitaban reconocimiento público. El final de la resistencia armada no terminó con sus consecuencias.

1987: una muerte en la sala de interrogatorio

El 14 de enero de 1987, Park Jong-cheol, estudiante de la Universidad Nacional de Seúl, murió durante un interrogatorio en las instalaciones policiales anticomunistas de Namyeong-dong. Los agentes querían conocer el paradero de un estudiante mayor y le aplicaron tortura con agua. Su primera explicación ocultó esa violencia. La autopsia, los reportajes, testimonios y revelaciones posteriores desmintieron la versión. La institución responsable trataba también de controlar lo que el público podía saber.

Mientras continuaban las exigencias de verdad, el presidente Chun Doo-hwan anunció el 13 de abril que mantendría la Constitución. La llamada medida de defensa constitucional rechazaba la elección presidencial directa y preservaba el sistema indirecto. La responsabilidad por la muerte del estudiante se vinculó con quién podía elegir al próximo presidente. El gobierno resistía la rendición de cuentas y también se negaba a abrir esa elección a los votantes.

En mayo, la Asociación de Sacerdotes Católicos por la Justicia reveló el encubrimiento y los intentos de limitar responsabilidades en el caso Park. El 9 de junio, el estudiante de Yonsei Lee Han-yeol recibió en la cabeza el impacto de un proyectil lacrimógeno policial durante una protesta. Permaneció en estado crítico mientras crecían las manifestaciones y murió el 5 de julio. El movimiento de junio avanzó entre el duelo por un estudiante y la preocupación por otro. Lesiones concretas y su ocultación hicieron urgente un conflicto que iba más allá del texto constitucional.

De la catedral a elegir directamente al presidente

El 10 de junio hubo protestas nacionales contra el encubrimiento y por el cambio constitucional. La ocupación de la catedral de Myeongdong se convirtió en un lugar de reunión sostenida. Los apoyos aportaron agua, alimentos y medicamentos. Empleados de oficina se sumaron en la pausa del almuerzo o después del trabajo; su presencia se asoció con el nombre «brigada de las corbatas». La organización universitaria alcanzó otros horarios laborales y espacios de participación.

Otras ciudades tuvieron sus puntos de protesta, como el centro católico de Busan y zonas de estaciones y lugares de trabajo industriales en Incheon. La participación continuó en luchas laborales por salarios, jornadas y derechos sindicales. La elección directa era una demanda central, pero la experiencia colectiva también afectaba a quién podía hablar y negociar en el trabajo cotidiano.

El 29 de junio, Roh Tae-woo, figura del partido gobernante, anunció la aceptación de la elección directa y otras reformas. Se modificó la Constitución y en diciembre los ciudadanos eligieron directamente; Roh ganó. La apertura electoral no produjo de inmediato un presidente ajeno al anterior régimen militar. Sí amplió los medios para elegirlo y exigir cuentas después. El cambio institucional y el resultado concreto de las urnas eran procesos relacionados, pero diferentes.

2016–2017: influencia privada, velas y destitución

En 2016 se reveló la influencia de Choi Seo-won, entonces conocida como Choi Soon-sil, sin cargo público en el gobierno de Park Geun-hye. El Tribunal Constitucional examinó la entrega de documentos presidenciales, sus comentarios y modificaciones, y su intervención en nombramientos y fundaciones. El asunto iba más allá del consejo privado: una persona fuera de la responsabilidad y supervisión oficiales había accedido a información e influencia estatales.

Quienes pedían responsabilidad y la salida de Park se reunieron con velas. Las fotografías muestran familias y varias generaciones. El 9 de diciembre de 2016, la Asamblea aprobó la acusación constitucional. El ejercicio de los poderes presidenciales quedó suspendido mientras el Tribunal examinaba si las infracciones justificaban la destitución. Las demandas públicas convivían con procedimientos que cada institución debía llevar adelante.

La investigación siguió también el dinero y las decisiones organizativas. Empresas financiaron las fundaciones Mir y K-Sports, pero Park y Choi tomaban las principales decisiones operativas, no los aportantes. Choi consiguió contratos entre una fundación y su empresa publicitaria. Asesores presidenciales, siguiendo instrucciones, pidieron además determinadas contrataciones o transacciones a empresas. La autoridad pública y los fondos recaudados para fines presentados como públicos abrieron caminos a beneficios privados. El Tribunal apreció lesiones a los derechos de propiedad y libertad de gestión de las empresas, y al deber de ejercer imparcialmente el cargo.

El ocultamiento importó en la decisión. Negar la intervención y esconder hechos dificultaba la investigación parlamentaria y el control periodístico. El Tribunal evaluó infracciones continuadas y la ausencia de una voluntad demostrada de respetar los límites constitucionales. No juzgaba solamente una política poco exitosa, sino el uso privado del poder y la supervisión impedida.

No aceptó todas las alegaciones. Algunas sobre nombramientos y presión a una empresa de medios carecían de pruebas suficientes que vincularan la intervención presidencial con intereses privados. Sobre el desastre del ferry Sewol, la mayoría consideró que el deber abstracto de ejercer diligentemente el cargo no bastaba por sí solo como causa jurídica de destitución. Dos jueces criticaron el desempeño en una opinión complementaria, pero tampoco lo trataron aisladamente como motivo suficiente. Esto no cerró el debate público sobre el desastre: delimitó el criterio aplicado en aquel juicio para terminar el mandato.

El 10 de marzo de 2017, el Tribunal destituyó a Park. La manifestación no sustituyó el juicio, pero la exigencia de responsabilidad alcanzó una decisión parlamentaria y otra judicial. La elección siguiente y los procesos penales continuaron por sus propias vías. La declaración de diciembre de 2024 pondría otra vez a prueba el funcionamiento real de los controles constitucionales.

El 3 de diciembre de 2024, el poder militar entra en la política civil

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial de emergencia en un discurso televisado. El Tribunal Constitucional sitúa la declaración alrededor de las 22:27. El presidente citó las iniciativas de acusación constitucional de la oposición y recortes presupuestarios como causas de parálisis gubernamental. Esas eran sus razones declaradas. Que constituyeran la emergencia exigida por la Constitución era una cuestión diferente, examinada después judicialmente.

El artículo 77 permite la ley marcial durante una guerra, conflicto armado o emergencia nacional comparable, cuando lo requieren necesidades militares o la seguridad y el orden públicos. No es un instrumento habitual para resolver rápidamente disputas políticas. En la vida civil, pertenecer a un partido, manifestarse o criticar al gobierno no requiere autorización militar. La declaración pretendía introducir esa autoridad en dicho orden civil.

El jefe del Ejército Park An-su, nombrado comandante de la ley marcial, emitió la Proclamación número 1. Prohibía actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los consejos locales y los partidos, y sometía la prensa y las publicaciones al mando militar. La prohibición alcanzaba al Parlamento, precisamente la institución constitucionalmente facultada para exigir que terminara la ley marcial. El control de la excepción quedaba amenazado por la propia excepción.

El texto indicaba las 23:00 como inicio, pero el Tribunal registró su emisión efectiva hacia las 23:23. Faltaban también garantías procedimentales. La presencia de ministros no equivalía a una deliberación sustancial del gabinete. La declaración carecía de los refrendos del primer ministro y ministros correspondientes, y la Asamblea no recibió la notificación formal exigida. Se habían omitido controles destinados a examinar la decisión, asumir responsabilidad y permitir la respuesta parlamentaria.

Mantener un lugar donde el Parlamento pueda votar

El artículo 77.5 obliga al presidente a levantar la ley marcial cuando lo pide la mayoría de todos los miembros de la Asamblea. Pero los legisladores tienen que llegar al hemiciclo y tomar la decisión. El acceso al edificio pasó así a ser una lucha práctica por ejercer una facultad constitucional.

El Tribunal estableció movimientos y órdenes concretos. Noventa y siete integrantes del 707.º Grupo de Misiones Especiales viajaron en helicóptero a la Asamblea. Hacia las 00:33 del 4 de diciembre, dieciséis rompieron dos ventanas del lado derecho del edificio principal y entraron. También accedió al recinto personal de la 1.ª Brigada Aerotransportada. Empleados y colaboradores de los diputados apilaron muebles, utilizaron extintores y bloquearon a los soldados con sus cuerpos. Hubo heridos y daños en las instalaciones.

Los jueces determinaron que Yoon llamó al comandante de operaciones especiales alrededor de las 00:30. Dijo que parecía no haberse alcanzado el cuórum y ordenó romper puertas y sacar por la fuerza a quienes estaban dentro. Yoon lo negó. El Tribunal evaluó testimonios de mandos, la reunión de legisladores y palabras transmitidas por un micrófono abierto durante una reunión de unidad, y no aceptó su negativa. Relacionó la orden con reducir físicamente el número de personas capaces de votar.

Las tropas no entraron en el hemiciclo. Los obstáculos en pasillos y accesos dieron tiempo para reunirse. Tras confirmar la aprobación de la petición, el comandante ordenó detener la misión y retirarse. El control constitucional dependió de mantener accesible una sala real durante el tiempo necesario.

Aproximadamente a la 01:02, los 190 legisladores presentes votaron a favor de exigir la derogación de la ley marcial. El presidente estaba obligado constitucionalmente a cumplir. Yoon anunció el levantamiento hacia las 04:20 y la decisión del gabinete llegó alrededor de las 04:29. Votación, anuncio y decisión ministerial fueron etapas sucesivas, no un único acto instantáneo.

Después, dos votaciones de acusación constitucional

Levantar la ley marcial no eliminó la responsabilidad por declararla o desplegar soldados. La acusación constitucional examinaba si las infracciones presidenciales eran tan graves como para terminar el mandato. La investigación y los juicios penales analizaban si actos particulares reunían elementos de delitos y merecían una pena. Partían de la misma crisis, con objetivos y criterios diferentes.

El 7 de diciembre, la primera votación no alcanzó el cuórum necesario. La acusación de un presidente requería al menos dos tercios de los miembros: 200 de 300. La mayoría de los legisladores del partido gobernante no participó. El fin de la ley marcial y la fuerza de las demandas públicas no anulaban esa exigencia.

El 14 de diciembre, la segunda moción recibió 204 votos favorables entre los 300 miembros. El ejercicio de poderes de Yoon quedó suspendido. Todavía no era la destitución: el Tribunal Constitucional debía resolver los motivos. Las multitudes y barras de conciertos formaban la escena pública alrededor de decisiones que cada institución debía adoptar según sus atribuciones.

Hannam-dong: una orden judicial ante una barrera de seguridad

Los investigadores buscaban detener a Yoon para interrogarlo. El 3 de enero de 2025, la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios, conocida por las siglas inglesas CIO, y la policía intentaron ejecutar una orden de arresto en la residencia presidencial de Hannam-dong, Seúl. El personal de protección presidencial lo impidió y, tras una confrontación, se suspendió la operación. La orden existía, pero aún había que llegar a la persona protegida detrás del acceso.

Proteger al presidente y decidir sobre una investigación penal son facultades diferentes. Su defensa cuestionaba la competencia del CIO y la legalidad de la orden; los investigadores buscaban ejecutar el mandato del tribunal. La controversia se materializó en restricciones de entrada, distribución de personal y movimientos impedidos de los agentes.

El proceso posterior examinó barricadas de vehículos, cadenas humanas y fuerza contra investigadores. Después del primer fracaso se prepararon cercas de alambre, obstáculos, ejercicios de bloqueo humano y patrullas destinadas a exhibir fuerza para impedir otra ejecución. La Corte Suprema confirmó la conclusión de apelación: ordenar esas actuaciones para obstaculizar la orden no era protección presidencial legítima.

También decidió sobre la competencia. La inmunidad presidencial frente al procesamiento durante el mandato no prohibía toda investigación. En este caso, el CIO había investigado realmente un abuso de autoridad dentro de sus atribuciones y detectado sospechas de insurrección directamente relacionadas. Las disposiciones sobre delitos conexos cubrían esa actuación. Era una conclusión sobre esos delitos y su relación, no una autorización general para investigar cualquier infracción.

La alegación de secretos militares en la residencia tampoco creaba un derecho ilimitado a rechazar el registro. Se requerían razones concretas y objetivas para temer daños a un interés nacional importante. El responsable de seguridad no había presentado esa justificación en este caso y no se constató tal peligro. Se confirmó que la negativa era ilícita y la ejecución de la orden de registro, legal.

El procedimiento separado por obstrucción al arresto y otras infracciones pasó de cinco años de prisión en primera instancia a siete en apelación. El 9 de julio de 2026, la Corte Suprema hizo firme la decisión, rechazando los recursos del acusado y del fiscal especial. Aun así, distinguió cada cargo. La fabricación de un documento falso de declaración marcial no convierte su simple almacenamiento en un cajón en utilización del documento. La absolución en este último punto se mantuvo. El titular de una condena no cuenta todas las determinaciones.

Los manifestantes Kisses bajo la nieve

Tras el primer intento fallido, quienes pedían la destitución continuaron reunidos cerca de la residencia. Durante la noche del 4 al 5 de enero permanecieron al aire libre, con frío y nieve, envueltos en mantas térmicas plateadas. Las siluetas redondeadas recordaban los envoltorios de los chocolates Hershey's Kisses y se extendieron nombres como «manifestantes Kisses» o «brigada Kisses». Era un apodo para la escena y sus participantes, no una organización formal única.

Pasar horas allí requería calor, alimentos y lugares de descanso. Los reportajes de entonces describían espacios cercanos y comidas enviadas por apoyos ciudadanos. Además de las personas sentadas en la calle, había quienes sostenían la protesta ofreciendo suministros y refugio. Las barras de conciertos asociadas con la cultura K se hicieron visibles; las mantas ayudaban a poder seguir allí.

La nieve no era decoración, sino un ambiente que soportar. La orden seguía sin ejecutarse y la investigación sufría retrasos. Permanecer cerca mantenía la exigencia de ejecución. Envolver a alguien en una manta, enviar una comida caliente y abrir un sitio de descanso conectaban la protesta pública con el trabajo necesario para atravesar la noche. La imagen plateada contiene también ese cuidado.

El 15 de enero: arresto y nuevo examen judicial

A las 10:33 del 15 de enero, el CIO y la policía arrestaron a Yoon durante una segunda ejecución, doce días después del final del primer intento. Los investigadores habían obtenido su custodia; el arresto no establecía culpabilidad por todas las sospechas.

La detención inicial y la prolongación de la privación de libertad necesitaban etapas diferentes. Continuar después del primer periodo exigía examinar de nuevo sus requisitos y necesidad. El 18 de enero se celebró una audiencia ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl; la orden para prolongar la detención se anunció en las primeras horas del 19. Arresto, audiencia y orden posterior no eran la misma actuación.

Al mismo tiempo avanzaba el juicio constitucional. Decidir si podía seguir siendo presidente e investigar posibles delitos eran procedimientos paralelos. La destitución no sería una condena penal; el arresto no eliminaba la necesidad de resolver la acusación constitucional. Las noticias simultáneas trataban preguntas distintas sobre una misma persona.

El 19 de enero, el tribunal es atacado

Después de conocerse la orden de detención, algunos seguidores de Yoon entraron en el Tribunal del Distrito Oeste y destruyeron instalaciones. El detonante inmediato fue la decisión de mantenerlo detenido. Era un episodio distinto de la obstrucción en la residencia y de las protestas favorables a la destitución. Se atacaron el edificio que había tomado la decisión y el trabajo de sus ocupantes.

Una resolución puede criticarse y recurrirse por las vías legales. Eso no autoriza romper equipos, entrar en oficinas o amenazar a personas. Tampoco asistir a una reunión exterior demuestra que todos participaron en el asalto. La responsabilidad penal requiere hechos y pruebas particulares.

La confrontación empezó antes de la orden. Durante la audiencia del 18, se reunieron seguidores; por la noche algunos intentaron franquear el acceso posterior. Vehículos con empleados del CIO que salían fueron bloqueados. Un caso confirmado posteriormente describe golpes sobre las ventanillas delanteras y una cadena humana detrás que impedía retroceder. Los empleados habían terminado su trabajo y no podían marcharse.

El informe presentado al Parlamento al día siguiente permite seguir mejor la secuencia dentro del tribunal. El 20 de enero, Cheon Dae-yeop, responsable de la administración judicial, explicó que el CIO había recibido el mandamiento material y los expedientes hacia las 2:53, que el tribunal había anunciado la decisión hacia las 2:59 y que la prensa la había difundido alrededor de las 3. Su primer informe situaba el cruce del cordón policial y la entrada al recinto hacia las 3:07, y la entrada al edificio por puertas y ventanas dañadas hacia las 3:21. Son horarios del informe inicial, distintos de las precisiones posteriores del libro blanco y los fallos individuales. Anuncio, acceso al recinto e irrupción interior fueron etapas sucesivas.

La oficina de guardia tramita normalmente órdenes judiciales durante la noche. Aquella noche también fue un lugar para bloquear la entrada y refugiarse. El subdirector de la administración judicial, Bae Hyeong-won, explicó que empleados habían desplazado una máquina expendedora para obstruir el acceso, pero se retiraron a plantas superiores cuando se rompió la ventana de la oficina y entraron personas. Informó además del daño a los equipos de vigilancia y de trabajos de recuperación. El libro blanco posterior registra a dos empleados y un policía herido refugiados en la sala de descanso nocturno. Defender una entrada y proteger a quienes estaban dentro ocurrió a la vez. Hablar solamente de daños materiales oculta que los daños al equipo de trabajo y la búsqueda de refugio ocurrieron ante el mismo peligro.

La evacuación no terminó al subir a la azotea. El informe leído en la página 5 del acta parlamentaria describe a empleados colocando sillas contra el acceso para prevenir otra entrada. Después pasaron a la sala técnica del segundo sótano, ante el riesgo de otra incursión, y esperaron a que se estabilizara la situación exterior. Azotea y sótano no eran simplemente posiciones del edificio: eran lugares para protegerse y decidir el siguiente movimiento. Ese recorrido impide contar el ataque como si el tribunal hubiera estado vacío o todo el peligro hubiera permanecido fuera.

Algunos intrusos alcanzaron la séptima planta, donde estaban las oficinas de los jueces. Cheon describió la búsqueda del juez que emitió la orden y los daños en su despacho; los fallos que luego quedaron firmes en este proceso registran patadas a una puerta, daño a su cerradura y registro de oficinas. La sospecha del responsable al informar no demuestra un plan previo de todos los participantes. El relato parlamentario inicial sitúa el comienzo de la intervención y los arrestos interiores hacia las 3:32, y la retirada de los intrusos del edificio hacia las 5:15. El enfrentamiento exterior continuó; se informó que la mayoría se había dispersado hacia las 7:28. Asegurar el interior y calmar los alrededores fueron momentos diferentes.

Reanudar vistas y atención pública al día siguiente no significaba que todos los daños estuvieran reparados. Cheon informó el 20 de enero que el apoyo de personal e instalaciones permitía trabajar ese día. Por la tarde explicó que empleados manifestaban trauma psicológico y se preparaba atención continuada. Las preguntas parlamentarias también examinaban si reabrir tan pronto dejaba espacio suficiente para la recuperación. Reponer ventanas, puertas, ordenadores y sistemas de vigilancia o acceso, atender a los usuarios y devolver seguridad a personas amenazadas no avanza al mismo ritmo. Entre las puertas reabiertas y un ataque realmente superado permanece esa distancia.

El 30 de abril de 2026, la Corte Suprema confirmó en el caso 2026도999 decisiones sobre intrusión, obstrucción a funcionarios, confinamiento de trabajadores en vehículos y daños. Hubo prisión efectiva, penas suspendidas y multas según las actuaciones. No se castigó en bloque la asistencia a una manifestación: se juzgó hasta dónde entró cada persona y qué hizo. La intrusión apoyada en la fuerza colectiva se distinguió de la individual. Esta resolución no terminó todos los procesos relacionados con el ataque.

La reparación siguió una vía civil. Según la Corte Suprema, el 26 de agosto de 2026 se demandó a cinco participantes con condena firme por aproximadamente 1.176 millones de wones de restauración más intereses de demora. Era una cantidad solicitada, no pagada ni concedida definitivamente por sentencia. Su alcance y fecha de cálculo diferían de la estimación inicial del libro blanco. Tras expulsar a los intrusos quedaba reparar una instalación pública y decidir quién debía asumir el coste.

La entrada militar en el Parlamento y el ataque al tribunal tenían autores y causas jurídicas diferentes. Nuestra interpretación encuentra una cuestión común: ¿se puede detener físicamente a una institución por una decisión desfavorable? Las votaciones y el examen judicial de órdenes no existen únicamente para quienes aprueban el resultado. Atacar un lugar donde el desacuerdo debe tramitarse sin amenazas causa un daño mayor que el precio de los cristales.

La destitución del 4 de abril y los procesos que continúan

El 4 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional destituyó a Yoon. La decisión indica las 11:22 como hora del pronunciamiento. Se examinaron declaración y actuaciones posteriores conforme a la Constitución y las leyes. Calificarlas de acto superior de gobierno no impedía el control judicial. Los poderes de excepción seguían sujetos a condiciones de activación y garantías.

Yoon sostuvo que era una advertencia pública sobre la oposición y que el rápido levantamiento reducía la gravedad. El Tribunal rechazó la tesis. Prohibir actividades políticas y derechos fundamentales, y obstaculizar militarmente al Parlamento, ya lesionaba el orden constitucional. Explicó que la votación pudo celebrarse por la resistencia ciudadana y la ejecución reticente de militares y policías, no porque el presidente garantizara la libertad parlamentaria. Cumplir la petición no borraba las infracciones previas.

También se enviaron tropas a la Comisión Electoral Nacional. El Tribunal consideró que ocupar sus instalaciones y ordenar registros y incautaciones de sistemas de información, para supuestamente resolver sospechas de fraude, vulneraba su independencia. La obstrucción parlamentaria, intervención en la administración electoral y prohibición de expresión afectaban a instituciones y derechos distintos. En conjunto, proteger la Constitución mediante destitución prevalecía sobre el interés de mantener al presidente.

La elección por la vacancia y la transición política no terminaron las investigaciones. El 19 de febrero de 2026, la 25.ª sala penal colegiada del Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon a prisión perpetua en primera instancia por dirigir una insurrección y abuso de autoridad para impedir el ejercicio de derechos. Otros acusados recibieron declaraciones de culpabilidad, absoluciones y penas distintas según sus funciones y pruebas.

La primera instancia dio importancia al deber de proteger la Constitución, a declarar la ley marcial sin emergencia legal y al intento de bloquear el Parlamento con fuerzas militares y policiales. Consideró daños a la neutralidad de ambas, la situación de subordinados ante órdenes de dudosa legalidad, y los costes sociales de otra elección y de amplias investigaciones y juicios. También tuvo en cuenta la duración relativamente breve, la contención de la fuerza sin lesiones mortales y planes no ejecutados. No alcanzar el objetivo no eliminaba la responsabilidad.

En octubre de 2026, esta causa principal seguía en apelación. La perpetua de primera instancia no puede presentarse como pena firme. Los siete años del proceso separado de obstrucción al arresto sí eran firmes desde julio. Aunque surgían de la misma declaración, se juzgaban conductas y etapas distintas. Después del final de la presidencia, los tribunales continuaban resolviendo responsabilidades específicas.

La sala para votar y la entrada para ejecutar una orden

En 1960 había papeletas, pero mecanismos para controlar la elección ajena. En 1987 no se elegía directamente al presidente y había que sacar a la luz un interrogatorio mortal. En 2024 existían elección directa y facultad parlamentaria para levantar la ley marcial, pero era necesario detener tropas para que los diputados llegaran. Las formas de impedir derechos y las acciones para recuperarlos cambiaban con la época.

En la residencia se bloqueó el acceso a la ejecución; en el tribunal se atacó el espacio del examen judicial. Para pasar la noche en Hannam-dong hacían falta personas que prepararan mantas, comida y descanso. Empleados del tribunal volvieron después de huir y trabajaron con equipos dañados. Bajo las grandes decisiones estaba la labor de proteger espacios y personas que hacían posible decidir y ejecutar lo decidido.

Llegar a destituciones y sentencias constituye un resultado importante de la democracia surcoreana. El golpe posterior a la Revolución de Abril y la ley marcial posterior a la democratización también muestran que los derechos obtenidos pueden volver a amenazarse. Un resultado desfavorable puede disputarse legalmente, sin impedir por fuerza que otros voten, investiguen o juzguen. Mantener esa posibilidad exige trabajo entre las próximas manifestaciones y elecciones.